La enfermedad de Chagas, causada por el parásito Tripanosoma cruzi, continúa siendo una preocupación importante en América Latina y, específicamente, en Chile, donde algunas regiones enfrentan mayores riesgos debido a factores geográficos y socioeconómicos. La región de Coquimbo, ubicada en el norte de Chile, es una de las zonas endémicas más afectadas, y representa un desafío de salud pública que requiere atención urgente y soluciones sostenibles.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud de Chile, hasta 2024, el número de personas infectadas por tripanosoma cruzi en Coquimbo supera el promedio nacional. Esto se debe a la presencia del vector de la enfermedad, la vinchuca (Triatoma infestans), que encuentra condiciones óptimas en el clima semiárido y las viviendas de adobe, características comunes en la región. Además, muchas personas infectadas pueden desconocer su condición debido a la naturaleza asintomática en las primeras fases.
La situación se ve agravada por factores socioeconómicos y de infraestructura. La pobreza, el acceso limitado a la atención de salud y la falta de programas de prevención eficaces incrementan la vulnerabilidad de las comunidades rurales. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud ha señalado que el Chagas afecta principalmente a poblaciones marginalizadas, y en Coquimbo, este perfil coincide con condiciones de vida precaria.
El sistema de salud chileno ha implementado programas de fumigación y control de la vinchuca, además de campañas educativas en la región. Sin embargo, estos esfuerzos no siempre resultan suficientes debido a la recurrencia del vector y a la baja concienciación en algunas comunidades. A pesar de que existen tratamientos antiparasitarios, estos son más efectivos en la fase inicial, que suele pasar desapercibida. En la fase crónica, el Chagas puede afectar gravemente el corazón, el sistema digestivo y el sistema nervioso, impactando significativamente en la calidad de vida de las personas, representando un alto costo para el sistema de salud.
Por lo anterior, es imperativo fortalecer los programas de vigilancia epidemiológica, mejorar la infraestructura en salud pública y, sobre todo, educar a la población. Las intervenciones deben centrarse en una estrategia integral que incluya el control del vector y el diagnóstico temprano mediante campañas de detección masiva. Es crucial también que las políticas se orienten a mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales, ya que esta enfermedad no es sólo un problema de salud, sino también un reflejo de desigualdades sociales.
La inversión en salud preventiva y en programas de control ambiental debe ser una prioridad para reducir la incidencia de esta enfermedad. La región de Coquimbo tiene una oportunidad de avanzar en la erradicación del Chagas mediante la colaboración entre el Estado, las instituciones de salud y de educación, la comunidad y la empresa privada (minería, agricultura y servicios), asegurando así una mejor calidad de vida para sus habitantes y demostrando que la lucha contra las enfermedades desatendidas es un compromiso con la justicia social.
Fernando Cortés, académico
de la U.Central Región de Coquimbo
